ACTUALIDAD | Noticias | 09 ENE 2015

El Gobierno prepara una batería de medidas contra el cibercrimen

El proyecto de reforma del Código Penal contempla desde un endurecimiento de las penas para los ciberatacantes a la posibilidad de que la policía intercepte nuestras comunicaciones. Si bien pueden ser positivas, estas medidas también pueden obstaculizar la labor de los hackers éticos, advierte Panda Security.
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Hilda Gómez

Hace unos días se aprobó en el Congreso la controvertida ‘Ley Mordaza’, que convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal. Pues bien, en sintonía con esta ley, el Gobierno ha presentado un proyecto de reforma del Código Penal que persigue especialmente los ciberdelitos, y que supone un endurecimiento aún mayor de la regulación existente. Aunque a priori estas medidas podrían ser efectivas, desde Panda Security señalan que “el problema es que, por el camino, también pueden obstaculizar la labor de los hackers éticos que solo buscan proteger al usuario”.

Entre las medidas propuestas figura un endurecimiento de las penas para los ciberatacantes, que se elevan hasta tres años de cárcel para aquellos que hagan inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, y hasta ocho años de prisión para quienes perjudiquen la actividad de un sitio web, bien sea de una empresa o de una administración pública. El Gobierno también quiere penar con hasta dos años de cárcel a los que produzcan, adquieran o faciliten a terceros una contraseña de ordenador, un código de acceso u otro tipo de datos que posibiliten la realización de un ciberataque.

Asimismo, en temas de derechos de autor y “piratería”, la reforma del Código Penal castigará a los responsables de webs de descargas y especialmente a los que ofrezcan listas de enlaces con ánimo de lucro, con penas de hasta seis años de cárcel por ayudar a localizar obras protegidas por derechos de autor. La reforma también castiga el visionado de material de pornografía infantil con entre seis meses y un año de prisión, mientras que la consulta de páginas web vinculadas al terrorismo conlleva penas de uno a ocho años de cárcel. El acceso será penado aunque la página web no tenga su base en España.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se incluye la posibilidad de que agentes encubiertos intercepten comunicaciones telefónicas y telemáticas y envíen e intercambien archivos ilícitos en la Red, tarea en la que podrán utilizar los llamados ‘troyanos buenos’ para colarse nuestros sistemas.

Lo que mantiene intacta la reforma es el artículo 197.3, que prevé penas de hasta dos años de prisión para quienes rompan la seguridad de un sistema informático, sin hacer distinciones entre el delincuente y aquel que solo quiere comprobar la fortaleza de una página web pero no quiere aprovecharse de ello, una tradicional demanda de los investigadores de la seguridad informática.

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