A la cola en reciclaje de basura electrónica por fraude
España encabeza el ranking de países europeos con más fraude en reciclaje de basura electrónica, a pesar de las tasas que abonan los ciudadanos al adquirir nuevos productos. Según Eurostat, solo uno de cada cuatro aparatos electrónicos son reciclados.
Los españoles pagamos de media entre 5 y 30 euros cada vez que compramos tecnología, sin embargo, los fabricantes destinan poco más del 20% de este dinero al correcto tratamiento de estos productos. Son datos facilitados por la Comisión Europea, que nos posiciona como el país europeo con más fraude en el reciclaje de basura electrónica.
Y es que según el estudio llevado a cabo por la Unión Europea, el 75% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generan en España, no son gestionados de forma adecuada. Además del perjuicio para el medioambiente y la salud de las personas, supone un fraude para los consumidores que están pagando por adelantado una tasa para el reciclado del producto.
Según señala Thibaud de Larauze, CEO de Back Market, “el consumidor termina pagando por un servicio que no recibe y los fabricantes acaban percibiendo indebidamente un dinero para la gestión de los RAEE”. Eurostat va más allá ofreciendo cifras al respecto. Más de un millón de toneladas de residuos electrónicos son producidos al año en nuestro país, de los cuales, más de 750.000 son aptas para el reciclaje. Aunque la Ley sobre el tratamiento de estos residuos determina que los fabricantes son los responsables del reciclaje, se calcula que más de 500.000 toneladas de chatarra electrónica no se reciclan adecuadamente.
La inmensa mayoría de los residuos acaban abandonados en vertederos ilegales que no cuentan con la tecnología adecuada para su tratamiento, o bien, son exportados ilegalmente a otros países, a pesar de que muchos ciudadanos se esfuerzan en utilizar los puntos de recogida de basura electrónica habilitados por los ayuntamientos.
A principios de año, el Gobierno introdujo cambios al respecto con el fin de fomentar la reutilización y el reacondicionamiento de los productos tecnológicos frente a los procesos de reciclaje y alargar la vida útil de estos dispositivos. A partir del año que viene, la Ley contempla que el fabricante tendrá que reutilizar el 3% de los productos informáticos y pequeños electrodomésticos comercializados, y el 2% en el caso de grandes aparatos eléctricos.
