Desastre LexNet: ¿La mayor chapuza informática de los últimos años?
El servicio de notificaciones telemáticas de la justicia española está en el punto de mira debido a sus continuos fallos y vulnerabilidades que puede dejar al descubierto miles de procesos legales.
LexNet, el sistema telemático para gestionar las notificaciones entre los juzgados y los profesionales del sector, cayó a finales de julio tras descubrirse vulnerabilidades informáticas. Y aunque pudo ser arreglado al cabo de un tiempo, volvió a producir nuevos fallos graves que están afectando al Ministerio de Justicia, a las empresas que lo ejecutaron y a los presupuestos de dinero público gastados en la contratación de programadores.
Por estos motivos, todo el colectivo de profesionales pide explicaciones al Ministerio y, especialmente, a las empresas contratadas por éste –concretamente a las consultoras tecnológicas detrás del proyecto–. El colectivo califica este acontecimiento como "la mayor chapuza informática de los últimos años", una imagen que perjudica al sistema judicial y a su seguridad informática ya que puede dejar al descubierto miles de procesos legales.
De forma casi paralela, el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy -a propuesta del ministro de Justicia Rafael Catalá- aprobó el pasado 25 de agosto a través de dos contratos una inversión de 55 millones de euros para mejoras informáticas en este ámbito.
Por un lado, se destinarán más de 36 millones de euros a "la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de backup" para el Centro de Procesos de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ). Este equipamiento se entregará en un plazo máximo de dos meses por HPE.
Y, por otro, el Gobierno también invertirá 19,1 millones de euros para la contratación de servicios de operación de las aplicaciones, de la Administración de Justicia, de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas.
Según fuentes consultadas por el diario El Confidencial, las empresas que han participado en este proyecto son: Avalon, Satec, Novasoft, Sermicro, Indra e IECISA.
