SEGURIDAD EN CIFRAS | Noticias | 26 MAR 2012

Apenas el 18% de las empresas españolas garantiza la protección de los datos personales

Escaso cumplimiento de la normativa de protección de datos personales es lo que pone de manifiesto un estudio de Sigma Data Security, que revela que solo un 17,8% de las organizaciones españolas toma medidas de seguridad para garantizar la integridad de esta información.
IDG.es

La falta de información sobre la obligación legal que tienen las empresas de adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen la protección de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, es una de los principales motivos argumentados a la hora de justificar la escasa implantación de soluciones y procesos que cumplan con este objetivo, a pesar de las elevadas multas contempladas en la LOPD. Un estudio de Sigma Data Security Consulting revela que el 19,30% de las empresas españolas declara haber inscrito sus ficheros de datos en el Registro General de Protección de datos, tal y como establece el artículo 26 de la LOPD, pero solo el 17,8% los dota de medidas de seguridad. Según la consultora, esto implica que un cierto número de empresas, conscientes de que tienen obligaciones en materia de protección de datos, se limitan a cumplir la parte “más visible” de éstas leyes sin realizar un verdadero trabajo de adaptación. 

Protección de datosEl estudio centra su atención en las empresas andaluzas, donde sólo el 16,4% de las compañías ha tomado medidas al respecto. Según los datos, Granada (25,4%) y Jaén (23,4%) son las provincias andaluzas que más cumplen con el cumplimiento de la obligación de inscripción en el registro. En el polo opuesto, Sevilla y Huelva, con un 14,6% y un 15,1%, respectivamente.

Desde Fellowes Ibérica, compañía que ha sacado a la luz este estudio con motivo de una nueva campaña con la que pretende concienciar a las organizaciones de la importancia de la destrucción de los documentos, afirman que “es urgente transmitir a las empresas la necesidad de una política de destrucción de papel, en la que se especifique cómo y qué documentos deben ser destruidos”, explica Héctor Barak, Director General de Fellowes Ibérica. En 2011, las sanciones por incumplimiento de la ley de protección de datos se incrementaron un 58%.

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