¿Difundir 'fake news' puede llegar a constituir un delito?

Las fake news se han convertido en una bomba de relojería para los gigantes de las redes sociales. En primer lugar, estados y gobiernos de todo el mundo han hecho de este fenómeno un arma acusatoria contra otros actores internacionales. Y no es una cuestión baladí; ya se ha demostrado la importancia que tuvieron estas informaciones en el resultado final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Y, ahora, con motivo de los comicios en Brasil, el candidato Fernando Haddad ha denunciado a su rival, el ultraconservador Jair Bolsonaro, por contribuir a que WhatsApp sea un “nido” de noticias falsas durante estos meses.  Para frenar este fenómeno, el líder norteamericano, Donald Trump, ya ha anunciado que buscará medidas contra su propagación. Además, el Gobierno de China ya ha aplicado una normativa para castigar a los que difundan rumores políticos, abanderando una de las mayores censuras a nivel mundial.

Pero estos casos se han dado porque los ciudadanos creen masivamente dichas publicaciones. El Estudio sobre el impacto de las ‘fake news’ en España pone de relieve que el 86% de los ciudadanos del país asumen estas informaciones como ciertas. Es más, el MIT (Massachusets Institute of Technology) confirma que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que las verídicas.

Las compañías más grandes de este terreno (Google, Facebook y Twitter) intentan limitar su divulgación a contrarreloj. Tal y como apuntan a CSO desde Das Seguros, el pasado 26 de septiembre, Facebook, Google y Mozilla se comprometieron a introducir mecanismos para contrastar datos e informaciones erróneas para que no influyeran en los procesos electorales. “Fue la primera vez que la industria acordó de forma voluntaria unos estándares de autorregulación para luchar contra la desinformación”, explican.  En cualquier caso, el código de buenas prácticas impuesto por Bruselas obliga a las tecnológicas a ser más transparentes ante estas situaciones. Así, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, reconocía en su declaración ante el Senado de Estados Unidos el pasado mes de abril, que se habían creado 80.000 publicaciones falsas que llegaron a 126 millones de estadounidenses a través de su red social. Es aquí donde reside el debate; estas firmas no quieren ser censoras y no deben asumir conversaciones sobre el derecho a la libertad de expresión, eso es tema de reguladores. “¿Qué responsabilidad tiene Facebook porque se difundan noticias falsas en su plataforma? ¿Son responsables también los usuarios?”, se pregunta Fernando Maldonado, analista principal de IDG Research.

¿La difusión de ‘fake news’ puede llegar a constituir un delito?

¿Cuáles son las fronteras que hay entre la legislación vigente y el citado derecho a la libertad de expresión? ¿Si una persona difunde una mentira puede llegar a incurrir en un delito? Los expertos de Das cuentan que, a día de hoy, no existe una pena tipificada como tal. Aunque, añade Maldonado, la Unión Europea está estudiando un nuevo marco regulatorio. En cualquier caso, sí que hay prácticas asociadas a esta divulgación que forman parte de infracciones, como las injurias y calumnias o las informaciones que llevan a falsa alarma o a situaciones peligrosas para la sociedad. “Las injurias y las noticias falsas han existido siempre. Incluso los rumores en bolsa son parte de modelos de negocio de muchos inversores”, sostiene Maldonado. “Las fake news cobran relevancia en ámbitos como el cambio en la intención de voto, la caída de acciones de una empresa o en el hundimiento de la reputación de una persona”. ¿Y si la publicación la propagan personas que no son conscientes de su falsedad? Las estadísticas citadas son clarividentes y a pesar del montante de personas que creen estas noticias (86%), seis de cada 10 habitantes consideran que saben distinguir perfectamente entre verdad o mentira.

El perjuicio es evidente, sostiene el analista, pero la solución no tanto. Para él, el intervencionismo o hacer responsable a un medio es muy “tentador, pero puede cruzar el límite de la libertad de expresión. Tampoco debemos convertir a las plataformas sociales en jueces de la objetividad. Además, la vía punitiva es un remedio parcial pero no va a evitar su difusión, siempre va a existir un problema de atribución de responsabilidad”. En definitiva, el directivo apuesta por una mayor transparencia y autorregulación de los generadores de información que se adhieran a un código de conducta y por un desarrollo del pensamiento crítico por parte del receptor.

Un receptor formado

Aunque todavía no se ha atribuido el porcentaje de las culpas, los lectores y, a su vez difusores, tienen mucha responsabilidad en el asunto. Gran parte de la problemática se solventaría con formación y concienciación. En Das aconsejan varios trucos muy sencillos pero que muchas veces se escapan a los usuarios. Por ejemplo, fijarse en el autor de la noticia, comprobar los links y citas textuales, distinguir la línea editorial, verificar el medio y, con todos estos ingredientes, desarrollar un criterio propio.