Cómo afrontar la nueva ley de protección de datos

A partir del 25 de mayo de 2018 sufrir una fuga de datos será caro. Concretamente, las organizaciones podrían pagar hasta el 4% de su facturación por comprometer la información de sus usuarios. El legislador europeo se ha puesto estricto, y la nueva ley de protección de datos (ya aprobada en 2016) introduce, aparte de las multas, imperativos por los que las empresas deberán implantar cifrado y sistemas de doble factor de autentificación en todas las capas de datos y tendrán que informar a las autoridades de cualquier incidente. En teoría, estas son las medidas más restrictivas que forman parte de la norma. “Sin embargo, habrá que ver su aplicación práctica, considerando que todavía hay muchos aspectos o cuestiones que requieren de guía de las autoridades competentes y de saber si se trata de una normativa que supera la prueba de concepto que supone su aplicación tras tres años de debate”, explica Miguel Recio, abogado experto en el sector TIC. “En cuanto a las sanciones, habrá que comprobar los criterios que se siguen y la coherencia entre autoridades de protección de datos a la hora de su aplicación”.

El 28 de enero se celebra el Día de la Protección de Datos. Este año coincide con los esfuerzos que están haciendo las empresas para ajustar sus plantillas y sus herramientas a la nueva ley. Parece que la fecha fijada para la aplicación de la norma queda aún lejos en el horizonte, pero según la mayoría de analistas del sector, quién no se apresure a acometer reformas en estos meses corre el riesgo de enfrentarse a dichas disposiciones. Por ello, multitud de empresas de seguridad están aprovechando la coyuntura para divulgar consejos y guías que doten de una estrategia a las organizaciones.  

Entre ellas destaca Sophos, que ha elaborado un decálogo de recomendaciones en el que subraya la importancia de no bajar la guardia, segmentar la información y dotar de máxima importancia a este apartado de la seguridad.  “La privacidad no se implementa en un día, lleva tiempo establecer los procesos y la mentalidad correcta en toda organización”, argumenta Ricardo Maté Salgado, nuevo director general de la firma. “Las empresas tienen que revisar el nivel actual de cumplimiento y adoptar las medidas para, en su caso, mejorarlo y establecer procedimientos adecuados”, indica Recio.

El abogado apuesta por hacer un seguimiento de las necesidades específicas de cada empresa para considerar sus necesidades específicas. Incluso, se plantea implantar figuras de profesionales como la del DPO (Data Protection Officer) que son clave en la gestión del riesgo. “En cualquier caso, las fugas de datos pueden producirse en cualquier organización. Adoptar o implementar y hacer cumplir cada días las medidas de seguridad es fundamental para evitar que se produzcan, ya sean como consecuencia de ciberataques o tratamientos no autorizados incluso por empleados o colaboradores”.

Los usuarios, escépticos en cuanto a la utilización de sus datos

GFK ha elaborado un estudio que pone de relieve que solo un 16% de los consumidores habituales de Internet se muestra favorable a  compartir su información personal a cambio de un mejor servicio o una reducción del precio. Además, hasta un 26% de los internautas rechaza comercializarla.

En cuanto a los grupos de edad en los 17 países de los que se ha valido el estudio, los entrevistados entre 30 y 39 años son los que tienen más probabilidades de compartir sus datos con un 34%, seguido de aquellos entre 20 y 29 años (33%). El siguiente grupo más favorable a la afirmación es el comprendido entre los 15 y 19 años (28%). Por el contrario, los más reticentes, son los mayores de 60 (34%).

Por género, los resultados son iguales, tanto hombres, como mujeres están de acuerdo en ofrecer sus datos a cambio de beneficios, ambos con un 27%. Sin embargo, hay un 21% de mujeres que se muestran contrarias, frente a un 18% de los hombres.