GDPR
IA generativa

España pide a Bruselas que examine los posibles problemas de privacidad que acarrea ChatGPT

Italia ya prohibió temporalmente su uso y Francia se suma también a las preocupaciones con respecto a la popular herramienta de inteligencia artificial generativa.

aepd

Italia ha sido el primer país europeo en suspender temporalmente ChatGPT por su falta de transparencia a la hora de recopilar datos personales para entrenar a los algoritmos, un ejercicio que chocaría con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, de sus siglas inglesas). Y, ahora España y Francia han sido las siguientes en mostrar su preocupación hacia la popular herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa. Fuera del Viejo Continente, el Gobierno de Estados Unidos también ha reconocido estar recabando opiniones para aplicar posibles medidas de rendición de cuentas para estos sistemas. Y China ya ha publicado un borrador de ley al respecto.

En concreto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado al Comité Europeo de Protección de Datos un examen sobre los problemas de privacidad que puede acarrear la herramienta de OpenAI, empresa invertida por Microsoft. “Entendemos que las operaciones de procesamiento global que pueden tener un impacto significativo en los derechos de las personas requieren decisiones coordinadas a nivel europeo”, ha señalado el organismo en un comunicado recogido por Reuters. “Por ello, en el corto plazo se ha solicitado que el tema de ChatGPT sea incluido en el próximo pleno del Comité Europeo de Protección de Datos, para que se puedan implementar acciones armonizadas en el marco de la aplicación de GDPR”.

Esta reunión está prevista para el 13 de abril, y contará con la participación de los distintos organismos nacionales de control sobre la privacidad de datos, aunque no se ha desvelado si este será un punto a tratar en la misma.

En las últimas semanas, un nutrido grupo de expertos, entre los que se encuentran Elon Musk y Steve Wozniak, pidió en una misiva que la industria suspendiese durante seis meses el desarrollo de estos sistemas alegando potenciales riesgos para la sociedad.



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