LEGISLACIÓN

Tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) ha copado gran un protagonismo. Desciframos las claves del ‘guardián de los datos’ en España.

Distintas compañías comentan con CSO cómo pusieron en práctica el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo y cuáles son los retos que aún persisten en esta materia.

La protección de datos y privacidad en nuestro país han dado un salto enorme y relevante en el ámbito público, empresarial y social: hoy día son elementos mucho más conocidos, valorados y respetados.

Unas jornadas organizadas por la SEIS se han convertido en punto de encuentro entre los principales actores que intervienen en la gestión, tratamiento y protección de datos en materia de Salud. Todos coinciden en que la pandemia ha creado un nuevo paradigma.

Las autoridades de toda Europa impusieron enormes cantidades en multas relacionadas con GDPR durante 2021. Luxemburgo e Irlanda ocuparon los primeros puestos, sustituyendo a Italia y Alemania.

La Estrategia Nacional de Seguridad 2021 contempla la innovación tecnológica como clave para la recuperación económica y la cohesión social.

Hasta ahora, los esfuerzos de los gigantes tecnológicos se basaban en un convenio opcional para dar seguimiento a este tipo de infracciones.

Estados Unidos ha sufrido algunos de los ciberataques más dañinos perpetrados a lo largo de este 2021, dejando a merced de 'hackers' decenas de miles de registros de empresas y agencias gubernamentales.

Amazon, Google y H&M son las compañías que han recibido las sanciones más altas hasta la fecha, según un informe de ESET.

La sanción, que asciende a 225 millones de euros, es también la más alta que impone la Comisión de Protección de Datos de Irlanda.

El gobierno chino ha estado controlando a gigantes tecnológicos, a quienes ha aplicado sanciones relacionadas con la localización y la seguridad de los datos.

Rusia ha iniciado trámites administrativos contra WhatsApp por incumplir la ley referente a la ubicación de los datos de usuarios rusos en su propio territorio.

El objetivo es que la nueva Joint Cyber Unit (JCU) empiece a operar a mediados de 2022 como un organismo capaz de hacer frente al cada vez mayor número de ataques que amenaza al Viejo Continente.

El regulador del país estima que las compañías no han tomado las medidas suficientes para combatir este fenómeno perjudicando a millones de consumidores y a las empresas que venden sus productos que sí cumplen la ley.

También pretende un aumento de 500 millones de dólares en el presupuesto de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del país en respuesta a tales incidentes.

El objetivo es acelerar las capacidades y respuesta del Sector Público ante las ciberamenazas.

Desde las instituciones europeas quieren que las grandes tecnológicas reafirmen sus compromisos y pongan freno a los anuncios que contienen 'fake news' en sus plataformas.

La autenticación de doble factor o el cifrado de datos serán esenciales, según el nuevo reglamento, para contener a los ciberdelincuentes en el país.

Las organizaciones españolas son las más afectadas, con una cuantía de prácticamente la mitad del total, 15, 7 millones de euros.

La finalidad de la futura certificación es promover la confianza en la nube en la Unión Europea.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) estima que la entidad bancaria vulnera la normativa con prácticas como la imposición a sus consumidores a consentir el tratamiento y la cesión de sus datos personales a terceras personas con las que podrían no tener relación.

Con una inversión de 4.500 millones de euros en los próximos siete años, se creará, entre otros proyectos, una red comunitaria de Centros de Operaciones de Ciberseguridad.

El grupo activista Noyb ha presentado quejas ante las autoridades españolas y alemanas al considerar que los iPhone permiten almacenar los datos de los usuarios sin su consentimiento.

La anulación de Privacy Shield el pasado mes de julio dejó un marco de inseguridad para las compañías que operan en Europa y Estados Unidos.

Esta es la respuesta de las grandes tecnológicas a la Comisión Europea, que prepara un paquete de medidas para darlas más responsabilidad sobre los contenidos que se alojan en sus redes.

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