ACTUALIDAD | Artículos | 22 ABR 2008

Los delitos ganan fuerza en el anonimato de la Red

Natalia Mosquera

Los delitos informáticos han cobrado, en los últimos años, más peso en las acciones llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país. El anonimato de la Red y, sobre todo, la reciente proliferación de los sitios de ingeniería social han hecho de Internet un terreno abonado para el ‘cibercrimen’.

Los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado que, por primera vez este año, dedica un capítulo específico a los delitos informáticos, no dejan lugar a dudas: la delincuencia no está al margen de la progresiva informatización de la sociedad. Según las cifras aportadas por la Fiscalía, en 2007 se investigaron un total de 2.600 delitos cometidos a través de Internet. Las cifras proceden del Cuerpo Nacional de Policía, que a través de la Brigada de Investigación Tecnológica, investigó 841 delitos y detuvo a 594 personas en relación con la ‘cibercriminalidad’; y de la Guardia Civil, cuyo Grupo de Delitos Telemáticos se hizo cargo de 1.305 casos el pasado año. El resto correspondió a las policías autonómicas con competencias en la materia: Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. De entre todos los delitos, destacaron los fraudes a través de subastas o ventas on-line (341), los delitos de estafa bancaria (345) y los de pornografía infantil (313).

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, particularmente Internet, se presentan como espacios de libertad, ajenos a cualquier prohibición, censura o sanción penal. Efectivamente, se propugna la universalidad del acceso a Internet como fuente de cultura. De hecho, su dimensión social y educativa son innegables, pero la ingente información circulante que puede ser creada, difundida o alterada por cualquiera dibuja un horizonte cuanto menos preocupante. Con el crecimiento exponencial del número de internautas en todo el mundo –1.000 millones de usuarios se prevén en 2008–, el crecimiento de los ‘ciberdelitos’ será también ingente. Aun en el supuesto de que el 99,9% de los usuarios hiciera un uso legítimo de la Red, existiría un millón de potenciales delincuentes, lo que remarca la importancia de contar con medidas especiales de prevención y detección contra los ‘ciberdelincuentes’ en un entorno donde se encuentran con pocos riesgos y muchas oportunidades de delinquir que, además, se han multiplicado ante la proliferación de las llamadas redes sociales, un fenómeno de comunicación, en palabras de Jaime Rodríguez, teniente de la Unidad Técnica de la Policía Judicial del Grupo de Delitos Tecnológicos, “sin control y con millones de usuarios miembros”

Revisión del marco normativo

A diferencia de otros delitos, el ‘cibercrimen’ cuenta, entre otras, con características distintivas comunes como su dimensión transnacional y constante evolución, que dificultan su persecución. La existencia de los denominados “paraísos informáticos”, en los que residen miles de páginas web susceptibles de ser delictivas, hacen que sea, en muchas ocasiones, inviable la puesta en marcha de medidas contra estos sites. En este sentido, Rodríguez señala: “Aunque a nivel europeo existe bastante colaboración entre los diferentes países, hay agujeros negros como China o Rusia”. De hecho, el Convenio sobre la Ciberdelicuencia, elaborado por el Consejo de Europa con la participación de Canadá, Estados Unidos, Japón y Sudáfrica, y en vigor desde julio 2004, ha servido para proporcionar una norma mundial que mejore la legislación sobre la materia.

Dentro de nuestras fronteras, tal y como muestran los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía General del Estado, de esas 2.600 diligencias que se tramitaron el pasado año pasado, 2.200 correspondieron a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, mientras el resto del sistema judicial español sólo atendió el 15% de las diligencias relacionadas con delitos informáticos. Esto pone de manifiesto que la Justicia no es especialmente activa ni está sensibilizada con los delitos que se comenten a través de Internet. El uso de un lenguaje técnico, así como la necesidad de un determinado nivel de formación que permita comprender y hacer inteligible la complejidad del funcionamiento de los sistemas informáticos y de sus conexiones a Internet, resultan complicados de manejar a la hora de efectuar un interrogatorio, de valorar un informe pericial o de admitir una prueba como válida. Francisco Hernández, fiscal de Granada, explica que “es necesario que la investigación cuente con objetivos viables desde el punto de vista judicial y policial, de forma que los delitos no queden impunes”. La validez de las pruebas en un entorno global como es Internet es un objetivo difícil de conseguir, por este motivo es más que necesario adaptar el derecho a la nueva realidad que impone la tecnología. En el II Congreso Nacional de Policías Tecnológicos (CNPT), celebrado en Madrid el pasado 5 de noviembre, quedó patente la apuesta de los expertos por llevar a cabo modificaciones legislativas que, por ejemplo, hagan posible escanear el ordenador de un sospechoso antes de adoptar medidas más “duras” y costosas como el registro domiciliario.

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