Las autoridades de protección de datos de la UE avisan de la ilegalidad de leyes como ACTA

Los gobiernos de todo el mundo siguen buscando legislar determinados aspectos de Internet que consideran problemáticos. Estos intentos están encontrando una férrea oposición por parte de usuarios y organismos en defensa de los derechos de los Internautas, que consideran que se trata de una vulneración de las libertades de Internet y una forma de comprometer la privacidad de las personas que usan la Red.

En los últimos meses las polémicas han ido surgiendo con normas como SOPA en Estados Unidos, y actualmente el caso que se está debatiendo es el de ACTA. Se trata de un tratado internacional, suscrito ya por un gran número de países, que pretende luchar contra la piratería y falsificación a gran escala. Según esta norma, los proveedores de servicios de Internet podrían monitorizar las actividades de los usuarios en caso de encontrar indicios de alguna de estas actividades. Esta posibilidad se ha considerado como una forma de espionaje y está siendo muy criticada por usuarios y organizaciones.

Muchos países han suscrito este tratado, pero las presiones han hecho que se cuestione su legalidad, por lo que la Unión Europea ha decidido que sea el Tribunal Supremo en Luxemburgo el que decida si ACTA entra en conflicto con otras normas. Mientras se decide, el 29 de mayo el Parlamento Europeo votará su aprobación y los supervisores de privacidad de la UE han comunicado su visión sobre la norma para intentar frenar su posible adopción.

Según Reuters, han sido Peter Hustinx y Giovanni Buttarelli, supervisores de protección de datos de Europa, los que han confirmado los temores sobre las implicaciones de una norma como ACTA. Hustinx y Buttarelli han comentado que una norma de este tipo podría permitir a los proveedores de servicios de Internet la potestad legal para espiar las actividades online de los usuarios, vulnerando su privacidad y contraviniendo leyes establecidas en la Unión Europea.

Los dos defensores de la privacidad han asegurado que normas de este tipo, en concreto ACTA, “podrían implicar una vigilancia a gran escala de la conducta de los usuarios y sus comunicaciones públicas”, por lo que consideran que atentarían contra la libertad de la Red y por ende contra normas establecidas en Europa. Aunque el objetivo de ACTA fuese positivo, las implicaciones propuestas superan las normas actuales de la Unión Europea, por lo que los supervisores de privacidad consideran inadecuada su aprobación.

La opinión de los supervisores de protección de datos en Europa podría ser fundamental y determinante en la decisión de los parlamentarios el próximo 29 de mayo y en la resolución de legalidad del Tribunal Supremo.