El gobierno actual no está haciendo nada para proteger nuestros datos

Hace unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo Safe Harbor entre América y Europa, gracias al cual, empresas estadounidenses, como Microsoft, Google, Amazon o Facebook, podían transferir datos de usuarios desde sus servidores europeos a sus sedes en América, sin el control de las políticas de privacidad de la UE. El Departamento de Comercio ha calificado de “profundamente decepcionante” esta sentencia, pero, para Román Martín, director general de Interbel s), “lo que es profundamente lamentable es que el gobierno americano todavía no crea en los derechos de los ciudadanos europeos a mantener su intimidad. Es un tema de principios, ética, valores y legalidad, y el gobierno español actual no está haciendo nada para protegernos”.
Interbel s), junto con el despacho de abogados Derecho.com, está elaborando una petición formal a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) para conocer cómo va a reforzar la protección de los datos, especialmente en relación con hospitales, clínicas, abogados, notarios, ayuntamientos y otras Administraciones Públicas, que deben tener un nivel de protección de datos máximo, para que nuestros datos sensibles no puedan salir de nuestra jurisprudencia.
“Mientras siga existiendo la Patriot Act, la NSA podrá entrar a ver, cuando le apetezca, mis datos clínicos, si esa información está en Google o Microsoft”, apunta Martín, añadiendo que “la AGPD debería supervisar con urgencia, que ningún hospital o clínica esté usando Office365 o GMail, para garantizar la utilidad de sus clientes.”
Interbel s) recuerda que, según dicta la LOPD, el usuario, cliente o paciente de una empresa o institución, aun habiendo firmado un pacto de protección de datos, si descubre que sus datos personales han salido de la Comunidad Europea, tiene el derecho de interponer una denuncia contra la empresa o institución, por no cumplir con la Ley de Protección de datos Española, ni Directrices Europeas, ya que sus datos personales habrían llegado a terceros países sin previa autorización. La empresa, o institución, denunciada podría ser sancionada con una multa de hasta 300.000 euros.