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¿Las sanciones regulatorias por GDPR realmente surten el efecto deseado?

Tomando la reciente sanción de 1.200 millones de euros a Meta como ejemplo, analizamos si las multas interpuestas por las autoridades reguladoras al abrigo del GDPR realmente propician el cambio o únicamente brindan una invitación a abandonar el Viejo Continente.

gdpr

La continuidad de Instagram y Facebook en el Viejo Continente podría pender de un hilo. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) anunciaba recientemente una multa ejemplarizante contra Meta: la compañía que capitanea Mark Zuckerberg deberá abonar 1.200 millones de euros por no acatar el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) que rige en Europa.

Por si esta bofetada con la mano abierta por parte de las autoridades reguladoras no hubiera sido suficiente, la histórica de Menlo Park deberá interrumpir la transferencia de datos de usuarios europeos a su sede en Estados Unidos. Esto supone, según expertos en el sector, un importante revés para su negocio. De hecho, en su último informe anual la compañía ya advertía que si Europa no aflojaba las riendas en materia de compartición de datos, “es probable que no podamos ofrecer en Europa algunos de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, e incluso los servicios de correo electrónico".

 

Tensando las cuerdas

Con estas palabras es indudable que los de Zuckerberg han apostado por tensar las cuerdas avivando en el ring europeo la confrontación con los reguladores. Sin embargo, esto traslada a la primera plana una duda –casi- existencial: ¿las multas interpuestas por las autoridades al abrigo del GDPR realmente propician la gestión del cambio de las grandes tecnológicas o únicamente brindan una invitación a abandonar el Viejo Continente después de haber desempolvado la chequera? El traspaso de datos entre Europa y Estados Unidos supone una de las grandes desavenencias del sector desde hace años. En este sentido, el caso de Meta vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo, ya sea a través del Privacy Shield o mediante una nueva alianza entre ambas potencias.

El presidente de asuntos globales de Meta, Nick Clegg, y la directora legal de la compañía, Jennifer Newstead, consideran que la multa es "injustificada e innecesaria" y afirman que solicitarán la suspensión de las órdenes por vía judicial. Una decisión tomada en base a la creencia de que el problema radica en un conflicto de intereses entre las leyes de Estados Unidos y Europa. Más allá de las amenazas veladas, lo cierto es que si Meta tuviera que deshacerse del trozo de pastel europeo, la totalidad del negocio se vería resentida; y es que la región representa un 23% del total internacional.

 

Frentes abiertos

El conflicto con las autoridades irlandesas no es el único frente abierto que tiene Meta en materia de privacidad y protección de datos. La compañía estaría pendiente también de una sentencia del Tribunal Superior de la India y de la posible e inminente aprobación de distintas normas al respecto en países como Turquía. Además hay que tener en cuenta que las nuevas normas sobre la protección de menores son cada vez más restrictivas. Todo esto obligaría a Meta a limitar sus servicios publicitarios o su oferta de productos. Por otro lado, siguiendo esta misma estela, destacan las nuevas leyes de Europa sobre los derechos de autor, que entrarán en vigor previsiblemente este verano, pudiendo llegar a impactar frontal y negativamente en la actividad e ingresos de la compañía. Un nuevo motivo para resucitar la gran duda: ¿son las ‘condenas a muerte’ la única forma de garantizar el respeto y la salvaguarda por la privacidad y la gestión de datos de terceros?



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