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El Ministerio del Interior se blinda para enfrentar el auge de los ciberdelitos en el país

Grande-Marlaska presentó el plan de la cartera contra la ciberdelincuencia, en un contexto en el que uno de cada cinco delitos en España ya se comete en la red.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en la presentación del plan estratégico de la cartera contra la ciberdelincuencia.

El auge de la ciberdelincuencia en España, donde uno de cada cinco delitos ya se cometen en la red, ha llevado al Ministerio del Interior a reforzar su estrategia de ciberseguridad. Este miércoles, el responsable de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, presentó el plan con el que su departamento se enfrentará a este aumento de los delitos en internet, que ya superan en un 72% a las cifras prepandemia. 

Como parte de las decisiones operativas que tomará la cartera para mejorar sus capacidades y recursos en el ámbito de la ciberdelincuencia, Interior le dará mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), que funciona como enlace entre la Secretaría de Estado de Seguridad y los centros nacionales de respuesta a incidentes cibernéticos.

En este contexto, la OCC verá su plantilla reforzada y se constituirá en el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial), apoyando de forma técnica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La OCC también funcionará como un Observatorio de la Cibercriminalidad, unidad de inteligencia policial que monitorizará, detectará, procesará y analizará las tendencias de la ciberdelincuencia.

Para todo esto, el Gobierno dotará por primera vez a la Secretaría de Estado de Seguridad con un presupuesto de cinco millones de euros para las inversiones TI necesarias para la OCC y las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil que persiguen los delitos informáticos, cuyas plantillas se han doblado en los últimos cuatro años hasta los 1.352 efectivos. 

 

Sensibilizar a la población

Además de los refuerzos operativos, Grande-Marlaska anunció que Interior también comenzaría una campaña de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los riesgos del cibercrimen.

"El doble efecto de descenso de criminalidad convencional y aumento de los ciberdelitos nos ha llevado a un punto de inflexión: hoy, uno de cada cinco delitos en España se comete en la red", comentó, y apuntó la necesidad de "alertar y sensibilizar a la ciudadanía porque, según nos destacan los expertos, la ciberdelincuencia y sus consecuencias no generan todavía el necesario impacto social".

Según explicó el responsable de la cartera, en una primera fase la difusión se hará en televisión, prensa escrita y soportes publicitarios, con un mensaje que llamará la atención sobre la falta de protección y prevención en el mundo digital y sus consecuencias. Luego, esta campaña se ampliará a redes sociales, donde expertos del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional y la Guardia Civil contarán los distintos tipos de ciberdelitos que encuentran en el día a día y cómo protegerse frente a ellos. 

"Pretendemos incrementar la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer instrumento público de lucha contra la cibercriminalidad, generar una predisposición a denunciar cualquier acción ilícita sufrida, y pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a protegerles, porque será muy difícil hacerlo si ellos no se conciencian primero de que deben autoprotegerse frente a la cibercriminalidad", señaló Grande-Marlaska.

 

Fraudes y estafas lideran los ciberdelitos

En la ocasión, el ministro de Interior aprovechó de compartir unos datos provisionales sobre la ciberdelincuencia en el país. Según expuso, del total de 375.506 incidentes cibernéticos que se registraron en 2022, casi el 90% corresponde a fraudes o estafas informáticas. 

Desde 2019, la cibercriminalidad ha aumentado un 72%, razón por la cual el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están enfocándose en "esta realidad criminal que, según nos alertan los expertos policiales, adquiere un notable y negativo impacto sobre los intereses nacionales, las instituciones, las empresas y la ciudadanía", puntualizó.



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